El PSPV de Llíria ha reclamado al alcalde de la localidad, Manuel Izquierdo, y a la concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, que ofrezcan explicaciones públicas tras el registro policial efectuado esta mañana por agentes de la policía judicial en las dependencias municipales de la capital edetana. El registro policial se ha centrado en el departamento de urbanismo.
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| Ayuntamiento de Lliria |
A primera hora de la jornada, cuatro agentes de la policía judicial han accedido a las dependencias del Ayuntamiento de Llíria donde han reclamado a los funcionarios presentes documentos y papeles del área de urbanismo, especialmente aquellos referentes a la contratación de diversas empresas privadas dedicadas al desarrollo de programas de actuación integrada (PAI).
Los agentes, que han permanecido en el interior del edificio consistorial por espacio de más de cinco horas, se han interesado especialmente por aquellos procesos de adjudicación de obras de urbanización que se han llevado a cabo durante los últimos desde la agencia municipal de información y asesoramiento para la gestión urbanística (AMIGU), una entidad que dejó de funcionar en agosto de 2011.
El portavoz municipal del PSPV, José Luis Pérez Veses, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular "una explicación pública contundente sobre unos hechos tan graves acaecidos en unas dependencias municipales ya que los vecinos de Llíria merecen una argumentación clara y razonable sobre la gestión de sus recursos por culpa de la política urbanística que lleva a cabo el alcalde y su concejala de urbanismo que se halla en entredicho desde hace mucho tiempo.
Pérez ha exhortado a ambos dirigentes populares "a contar, por fin, con luz y taquígrafos cómo se han desarrollado todos los programas urbanísticos y que suponen actualmente un coste económico y social tan elevado para esos propietarios".
que vayan a san antonio de benageber.
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