El edificio de la Cens fue clausurado por la degradación urbanística
El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciado que la conocida finca de la Cens supone un enorme peligro para los viandantes tres años después de que las cerca de 40 familias que vivían en su interior fueran desalojadas por las deficiencias estructurales que presentaba. La finca está situada en la calle Colón frente al ayuntamiento.El grupo socialista ha alertado del peligro que corren las familias que actualmente y de forma ilegal viven todavía en su interior a pesar de la prohibición ya que se trata de edificio con más de 40 años de historia cuya estructura está muy dañada, con ladrillos rotos, uralitas desprotegidas y el peligro para los peatones por la posible caída de cascotes. Las viviendas carecen, además, de los servicios públicos esenciales como la luz y el agua potable.
El portavoz del PSPV, Mikel Aragón, ha alertado del creciente deterioro que presentan buena parte de las paredes y techos de este conocido edificio por culpa de la dejadez de la alcaldesa, Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, ya que "desde que fue desalojado no ha movido ni un dedo a la hora de poner en marcha un plan para rehabilitar y reformar el edificio a pesar de que hemos reiterado estas quejas de forma repetida en los plenos municipales".
El PSPV ha denunciado, además, que el equipo de gobierno se ha negado, sistemáticamente, a entregar el informe técnico municipal sobre la situación actual que presenta este conocido edificio a pesar de los múltiples requerimientos presentados.
El grupo socialista lamenta la "escasa sensibilidad social" del equipo de gobierno hacia las familias afectadas "ya que a lo largo de los últimos años se ha visto incapaz de dar una solución digna y consensuada a todas estas personas que, desgraciadamente, no tienen otras alternativas habida cuenta la difícil situación económica existente".
El edificio está situado, precisamente, frente al propio Ayuntamiento de la Pobla y presenta un estado lamentable, motivo por el cual el propio equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Mari Carmen Contelles, decidió -a principios del año 2011- desalojar a las más de 40 familias que vivían en este inmueble de 7 plantas de altura.
El desalojo de las familias se realizó con la promesa del equipo de gobierno de buscarles un acomodo en las nuevas viviendas de protección oficial que se iban a levantar en el área norte del casco urbano -junto al polideportivo- a cambio de que el ayuntamiento adquiriría la propiedad del edificio que se destinaría para albergar diversos servicios públicos.
Sin embargo, el acuerdo adquirido entre ambas partes no ha fructificado en ninguno de sus extremos y, por tanto, como se puede observar en las fotos por la presencia de ropa tendida en los balcones y ventanas de las viviendas, algunas de las familias han regresado a la Cens por culpa del incumplimiento del equipo de gobierno y la actual crisis económica que estamos sufriendo. Las familias que habitan algunas de las viviendas del edificio se exponen a un gran peligro por el estado de progresivo deterioro y por la carencia de la energía eléctrica.
El PSPV ha criticado la deficiente gestión urbanística de la alcaldesa de la Pobla "por su incapacidad para buscar una solución a las familias que a día de hoy todavía viven en el interior de este edificio".
El PSPV ha criticado la deficiente gestión urbanística de la alcaldesa de la Pobla "por su incapacidad para buscar una solución a las familias que a día de hoy todavía viven en el interior de este edificio".
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