Para FACUA con el nuevo sistema anunciado por el Gobierno sólo se sabrá el precio a pagar por kwh a posteriori, y no antes, como establece la ley de protección de los consumidores, sostiene Facua.Cuando el nuevo sistema comience a funcionar a cada usuario se le aplicará la media del mercado mayorista en los días que se le facturen. Dos usuarios similares con lecturas en días distintos pueden tener precios distintos.A los que tengan contador inteligente -hay siete millones en España- se les cobrará por su consumo horario en función del precio mayorista en cada hora: Unas 1.400 mediciones para un periodo bimensual. Los usuarios, según Facua, tendrán mucho más difícil que ahora comprobar que se les aplica el precio legal. Por eso FACUA-Consumidores en Acción advierte al Gobierno de que su sistema para fijar las tarifas eléctricas no sólo facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas, sino que vulnera la legislación española en materia de consumo.
El borrador de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación plantea que los usuarios no podrán conocer de antemano las tarifas que les aplicarán. Así, el importe de cada kWh consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores (los antiguos analógicos o los nuevos digitales de telegestión, respectivamente).
La asociación señala que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones. Se trata de un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80.
En este sentido, FACUA recuerda que la información sobre el precio de un servicio antes de su contratación es un derecho esencial de los consumidores. Así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Asimismo, el artículo 85.10 de la citada norma considera abusivas "las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio".
El hecho de que los consumidores puedan ser objeto de casi 1.500 tarifas distintas, una por cada hora del periodo bimestral de facturación, hará infinítamente más opaco el recibo de la luz y dificultará de forma extrema la posibilidad de verificar si se ha producido alguna irregularidad.
FACUA recuerda que el eléctrico se ha convertido en el tercer sector más denunciado por los consumidores españoles, tras las telecos y la banca. El nuevo sistema puede provocar un incremento exponencial de las reclamaciones que las autoridades competentes de ámbito estatal y autónomico no están en absoluto capacitadas para atender dada su enorme falta de medios.
Auténtica aberración
FACUA considera que el sistema que pretende imponer el Ministerio de Industria, Energía y Turismo representa una auténtica aberración. Y es que implica la imposición al consumidor del pago de tarifas que no conocerá hasta recibir la factura y que dependerán del mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista diseñado por el Gobierno del PP a finales de los 90. Una fórmula que FACUA rechazó desde su implantación y que en la última década ha provocado subidas brutales que alcanzan el 75% para el usuario medio. Subidas que se han visto agravadas por la subasta impuesta por el Ejecutivo del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema.
El mercado mayorista eléctrico, conocido como pool, funciona mediante un sistema de pujas por el que se van adjudicando los paquetes de electricidad hasta cubrir la demanda total, siguiendo un rango de precio ascendente, esto es, de la oferta más barata a la más cara. El precio final de la electricidad o precio marginal, que es el que se paga a todos los generadores por igual, viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.
Un informe comparativo sobre los precios de tarifa en Europa
FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre suministro eléctrico en diez países de Europa con el objetivo de conocer con el mayor grado de detalle posible cómo se efectúa la prestación de este servicio básico para los consumidores en otros países europeos (consúltalo en español o en inglés).
En el informe, realizado entre septiembre de 2013 y enero de 2014, FACUA analiza la situación del suministro eléctrico en diez países de los cuales ocho forman parte de la Unión Europea (Chipre, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Portugal) y los otros dos, Albania y Serbia, son potenciales candidatos al acceso. Excepto estos dos últimos y Hungría, los demás forman parte de la zona euro.
Se trata de la primera iniciativa de colaboración conjunta propuesta por FACUA a nivel europeo, con la que la asociación trata de arrojar luz sobre un sector tan importante como desconocido para muchos de los consumidores del continente.
Comparativa de tarifas reguladasEntre otros aspectos, el estudio establece una comparativa de tarifas según el precio regulado del kilovatio por hora (kWh) consumido.Así, el precio del kWh regulado en España, con 0,124985 euros por kWh al momento de la realización de la encuesta (siempre sin impuestos incluidos), resulta un 48,2% más caro que el de la tarifa regulada más barata analizada, los 0,06475 euros de media de Hungría.Otra de las tarifas reguladas más económicas es la de Albania, con un precio medio de 0,075398 euros por kWh. Sólo Portugal (0,1405 euros/kWh) y Chipre (0,225 euros/kWh de media) disponen del kWh regulado más caro que en España.
Comparativa de la electricidad en el mercado libreSeis de los diez países participantes en este estudio han aportado datos comparativos sobre las ofertas existentes en el mercado libre de suministro eléctrico.El precio medio del kWh en el mercado libre de España (0,139141 euros) es un 68,3% más caro que en Estonia, el país con el precio medio del kWh libre más económico de los países comparados, con 0,044117 euros. España es, además, el país con el precio medio del kWh en el mercado libre más caro de los analizados.
A España le sigue de cerca Portugal (0,137383 euros de media), dos países en los que, a pesar de que los consumidores pueden optar de forma generalizada por la tarifa regulada por sus gobiernos o por el mercado libre, las tarifas medias para esta última opción resultan más caras que las protegidas.Además de Estonia, entre los países con el precio medio del kWh más barato de los analizados están Francia, con 0,086533 euros por kWh, y Grecia, con 0,088 euros.
Gratuidad obligatoria del teléfono de atención al clienteCuatro de los diez países analizados cuentan con el imperativo legal para las compañías eléctricas de habilitar un teléfono de atención al cliente gratuito (Estonia, Grecia, Italia y Serbia). En el resto no existe tal obligación, salvo en la comunidad autónoma de Cataluña, donde la ley autonómica sí establece este requisito para las compañías.
Disparidad regulatoriaFACUA ha constatado una gran disparidad regulatoria entre los países analizados en materia de suministro eléctrico, pero también elementos que comparten una cierta semejanza. Y ello a pesar de que, para los ocho países analizados que forman parte de la UE, resulta de aplicación la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.Las mayores diferencias detectadas por FACUA se producen a la hora de establecer las condiciones para que los hogares puedan acogerse a la tarifa regulada por los Gobiernos de los nueve países que cuentan con precios regulados (todos excepto Estonia), donde no existe ninguna pauta común. En Albania, Chipre y Serbia, además, se da la circunstancia de que sólo existe un suministrador de electricidad.
Primera iniciativa conjunta impulsada por FACUA en EuropaCon el objetivo de promover las relaciones y la unidad de acción entre las organizaciones de consumidores del continente, la asociación ha impulsado esta iniciativa en colaboración con otros miembros de la organización Codaction-Consumers’ Democracy in Action, en la que está integrada FACUA, y con la de otras asociaciones.Además de FACUA, las asociaciones que han participado en el estudio son Shoqata e Mbrojtjes se Konsumatorit Shqiptar (de Albania), AFOC-Association Force Ouvrière Consommateurs (Francia), Movimento Difesa del Cittadino (Italia) y Centra Potrošača Srbije-CEPS (Serbia), con las que FACUA mantiene convenio de colaboración; Cyprus Consumers’ Association (Chipre), TARTU Tarbijanoustamis-ja Infokeskus (Estonia), EPKAS Consumers’ Protection Union of Serres (Grecia), Fogyasztói és Betegjogi Érderkvédelmi Szövetség (Hungría), estas cuatro miembros de Codaction, y la Associaçao Portuguesa de Direito do Consumo (Portugal).
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