'Los grupos de ámbito local se convierten en una rémora para conseguir ese objetivo'.
'Es una cuestión de legalidad, de estrategia política y de coherencia'. A partir de este momento, no se podria defender con coherencia en un municipio que se está contra la Ley de Reforma Local que ha aprobado el PP y presentarse a las eleccioens sólo en el ámbito de un municipio,. Porque sería lo mismo que entregar cada uno de los votos recibidos al saco de la Reforma Local aprobada.
Así lo ven los técnicos municipalistas que han venido informando que la nueva reforma acabaría con las competencias municipales en derechos sociales, sanidad, cultura y gestión de servicios municipales básicos (agua, basura, alumbrado, etc).
Úna vez aprobada la ley y habiendo entrado en vigor (el pasado 1 de enero), no queda más opción, que ganar las Diputaciones para aquellos grupos que se han manifestado contra la Ley, mayoritariamente situados a la izquierda, Al menos, según manifiestan los técnicos, si se quiere evitar que el PP, vacíe de contenido - desde el 2015, en dos años - los municipios de menos de 20.000 habitantes y ceda y privatice los servicios que ahora gestionan y lo haga para un número de años que haga casi imposible en dos legislaturas, o más, su recuperación.
Modificar la Ley en el Congreso de los Diputados, es la otra opción también, pero en los casi 24 meses que el trámite parlamentario conlleva, según informan los mismos técnicos y para el caso de que las izquierdas lograran ganar en las Elecciones Genrales previstas para el 2015; las Diputaciones ya habrán acabado con las competencias municipales y la nueva Ley que surgiera de ese nuevo gobierno no podría 'confiscar' las concesiones administrativas realizadas por las Diputaciones de los servicios municipales. Por eso ganar las Diputaciones para frenar el traspaso de competencias es la primera de las tareas que se han propuesto ya los grupos de izquierdas.
Las Diputaciones son órganos de elección indirecta, no se vota directamente a diputados provinciales, sino que de acuerdo al número de concejales y votos obtenidos por cada grupo político, ellos eligen a sus representantes en las Diputaciones. Por eso, para tener representación en las Diputaciones hay que presentar candidatura en toda la provincia u obtener un número muy significativo de votos en un sólo municipio (sólo pensable en la capital de la provincia). En consecuencia, poca o nula eficacia tendrán en las próximas eleciones locales del 2015 aquellos partidos o grupos que no puedan tener representación en las Diputaciones, porque, a pesar de su buena voluntad municipalista los votos que reciban,, serán en detrimento de aquellos que si pueden tener representación en la Diputación. 'Cada voto que ellos reciban, si son progresistas o de izquierdas, será un voto menos para poder parar el vaciado que de los municipios realizará la nueva Ley de Reforma Local aprobada por el PP', manifiestan en el entorno de la Federación de Municipios y Provincias, que añaden : 'Los grupos de ámbito sólo local se convierten en una rémora para conseguir ese objetivo'. Y en este caso también será importante que los grupos localistas que se presentan en municipios de más de 20.000 habitantes, entiendan que sus votos restan posibilidades a los municipios para reconquistar sus competencias: 'Es una cuestión de legalidad, de estrategia política y de coherencia', añaden.
Como contrapartida el resto de partidos y grupos que si apuntan a conseguir representación en la Diputación, tienen ante si el reto de ampliar la base participativa para dar cabida a esas reivindicaciones locales y a quienes quieren representarlas, que suelen acompañar al nacimiento de grupos políticos locales. Manifiestan las mismas fuentes del entorno de la Federación de Municipios y Provincias
Y es que la nueva ley ha entrado en vigor (el 1 de enero pasado) y con ella los plazos para el cumplimiento eliminación de competencias locales también:
Las Diputaciones podrán asumir en dos años la gestión de los servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Antes del 1 de noviembre, la primera vez será en 2014 y todos los años, las entidades locales deberán calcular el coste efectivo de sus servicios,
partiendo de la liquidación de sus presupuestos. El Ministerio de
Hacienda les dará unos criterios de cálculo, ellas echarán las cuentas y
comunicarán los resultados al departamento que dirige Cristóbal
Montoro. El resultado de estos cálculos es importante porque los
municipios de menos de 20.000 habitantes deberán delegar sus servicios
básicos a las diputaciones (o en la CCAA, en caso uniprovincial) salvo
que "justifiquen" que los pueden prestar a un coste más bajo. Y para el caso que nos ocupa, las empresas que suelen optar a estas concesiones, no querrán ponerse piedras en el camino de la obtención de las concesiones de la Diputación. Además los Ayuntamientos, aún demostrándolo, deberán justificar también que lo hacen a plena satisfacción. Lo que conlleva un dificil camino de pruebas y recursos legales, en el que las Diputaciones tienen la ventaja legal y el apoyo de la nueva ley, que añade un párrafo definitivo 'si la Diputación lo considera acreditado'. . En este caso se encuentran los siguientes servicios:
Recogida y tratamiento de residuos. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Limpieza viaria. Acceso a los núcleos de población. Pavimentación de vías urbanas. Alumbrado público
Recogida y tratamiento de residuos. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Limpieza viaria. Acceso a los núcleos de población. Pavimentación de vías urbanas. Alumbrado público
El traspaso de la gestión a las Diputaciones no evitará que los municipios deban cobrar las Tasas necesarias para cubrir el servicio, que deberán subir si el precio del servicio que la Diputación gestionará por concesión privada lo requiere.
Las CCAA asumen las competencias sanitarias de los ayuntamientos
La reforma local entró en vigor este martes (1 de enero 2014) y se
inició la cuenta atrás para que las comunidades autónomas asuman
paulatinamente y en un plazo de cinco años los servicios en materia de
salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos,
los servicios sociales. Así lo impone la nueva ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, más conocida como reforma
local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que
se han elaborado una treintena de borradores; el primero, en julio de
2012, hace año y medio.
La norma entra este martes en vigor después de haber sido publicada este lunes en el BOE
y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios
que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las
comunidades, que tienen la competencia general en la materia. El
Gobierno asegura que es la manera de evitar duplicidades y de que los municipios se dediquen a sus competencias básicas, pero la oposición intuye que muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos privadas con coste para los usuarios.
A
partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se
encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado
con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado
por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades
deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión. En cuanto a los
servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años.
Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de
necesidad y de la atención inmediata por exclusión social. Sin embargo,
en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento,
aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá
el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.
La ley dice también que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto
en su conjunto y varias comunidades han exigido que el asunto se tenga
en cuenta en el sistema de financiación autonómica y local, que el
Gobierno se ha comprometido a reforma este año.
Cambios respecto al proyecto original
En su primera redacción, la iniciativa incluía la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó el coste estándar,
la definición del precio que debían tener los servicios municipales si
un ayuntamiento quería seguir prestándolos. Estos y otros puntos se han
ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la
supresión de ediles. También ha variado lo relativo al coste de los
servicios, aunque la pretensión de fondo de reducir este capítulo de
gasto se ha mantenido. Al final ningún efecto tampoco en los sueldos de los alcaldes, ni de los concejales porque los límites estaban ya asumidos por la mayoría de municipios. La ley, no tenía y tiene más que un objetivo: privatizar servicios en favor de las grandes empresas y controlarlo en las Diputaciones que se convierten así en Centrales de Compras.
No hay, que conoaca grupos progresistas en la comarca de carácter independiente. Aunque comparto el análisis porque las normas electorales son las que son, en toda la comarca no hay grupos independientes que se hayan manifestado contra la reforma local. Unos son apéndices de grupos conservadores que han salido a la lúz por la situación del propio PP, como en San Antonio. Otros, como en Lliria o Bétera, son claramente conservadores y en La Pobla, no se han definido en temas globales por lo que no se pueden calificar. Aunque repito, comparto el análisis y cualquier grupo progresista debe pensar con la coherencia que habla el/la articulista
ResponEliminaYo también diria que no. Al menos, ninguno que se haya manifestado públicamente contra la Reforma Local
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