Hoy se aprobará en las Cortes Generales, por el PP, la Ley de Reforma Local. El fin de la autonomía municipal

Todos los municipios perderán el área social por ser competencia impropia. Además sólo Bétera, Lliria y La Pobla de Vallbona y probablemente l'Eliana eludirán la tutela de la Diputación en el resto de competencias.

Desde este momento - cuando se publique en el BOE y entre en vigor- todos los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, por lo tanto todo Camp de Túria excepto los municipios de La Pobla de Vallbona, Riba-roja, Lliria, Bétera - y rozando l'Eliana-, no podrán realizar competencias de las llamadas impropias. Es decir no podrán realizar actuaciones que otras administraciones tengan en competencia.

La realidad es que toda la competencia social está asignada a las Comunidades Autónomas, pero todos los ciudadanos/as son conscientes que no se realizan - ahí está la Dependencia, las Residencias, las Ayudas Escolares, etc-, precisamente porque la decisión política de asignación de recursos del PP, está vaciando de contenido toda el área social.

Hoy, figura en el Orden del Día de las Cortes como último punto, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (121/000058), que después de su paso por el Senado y de que en él se mantuviera la situación que salió en la primera lectura de las Cortes se mantiene el golpe jurídico a la Autonomía Municipal.

Dos puntos hacen de pieza angular sobre los que la Ley recorta todas las posibilidades de los municipios, de entre los muchos que tiene y que buscan su limitación dentro de la ley: El punto 5 del artículo 25 y el punto 2 del artículo 26, el primero limita las comptencias impropias por medio de otra ley y el segundo cede el control a las Diputaciónes de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

"La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública."
Se trata de una determinación por la que se obliga a que cada competencia no deba estar atribuida a otra Administración; lo que impedirá de hecho, si los Delegados del Gobierno son intrusivos, como lo están siendo hasta ahora, llevar adelante cualquier acuerdo de Pleno o de Junta de Gobierno que exceda de las llamadas competencias propias municipales.

Y, ¿cuáles son, según los expertos, las competencias propias municipales?. Según manifiestan los técnicos que han debatido y estudiado la ley, las únicas competencias - pero con las limitaciones y controles de la Diputación que se establecen en el punto 2.- serán:.

«1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Y aquí en el punto 2 del artículo 26, el control y tutela de las Diputaciones Provinciales

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida de residuos.
b) Limpieza viaria.
c) Abastecimiento domiciliario de agua potable.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de las vías
f) Tratamiento de residuos.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe, a petición del municipio, que éste puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.

3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

La Diputación, aunque gestione esos servicios, seguirá obligando a los municipios a cobrar Tasas para pagarlos:

Desde ese punto, la Diputación puede y va a asumir las competencias de Recogida de Residuos, de Limpieza Viaria, de Abastecimiento de Agua potable, de Acceso a núcleos de población, de Pavimentación y de Tratamiento de Residuos. Es decir la gestión también normal del día a día. Pero los ingresos para el pago de esos servicios seguirán saliendo de las Tasas municipales destinadas.

Según los expertos municipalistas, el resultado de todo esto es que en el plazo de dos años, la Diputación Provincial que no es una institución no elegida directamente, 'gestionará' los contratos de Agua, Residuos, Basura, etc. Asignándolos en carteras globalizadas a las empresas de Aguas, de Tratameinto de Residuos y de Recogidas de Basura. Es decir los contratos serán controlados y 'manejados' desde un órgano con menos controles democráticos que los actuales municipios.

Sociólogos, políticos y municipalistas vaticinan el incremento de la corrupción y el control de las grandes empresas concesionarias de Agua y Recogida de Basura en todos los municipios.

Como contrario a todo eso, el último informe del Tribunal de Cuentas, según el cual la gestión de los servicios municipales en forma directa (por el propio Ayuntamiento), en estos Ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes(*), es mucho más económico en la gestión directa que en la privatizada.

(*) Por lo tanto mucho más en los de menos de 20.000.