El momento de sentarse a negociar. La mediación

Son tiempos complicados, sobre todo en lo laboral. Sólo en los cinco primeros meses de 2013, 10.639 compañías presentaron un ERE en España, afectando a 166.888 trabajadores. Muchos de estos casos partieron de una negociación previa, pero en la inmensa mayoría fueron el inicio de situaciones de conflicto en las que la mediación laboral se hace más necesaria.

La mediación es la gran apuesta de la justicia, que ve en los sistemas extrajudiciales una fórmula para evitar procesos interminables.

Despidos colectivos, drásticas bajadas de sueldo o eliminación de derechos básicos, por un lado. Situaciones insostenibles en lo económico, deudas millonarias o cuentas que no cuadran, por el otro. Ante problemas de gran magnitud y que pueden llevar al traste a grandes empresas con cientos de trabajadores, se podría pensar que la mediación es siempre el punto de partida para llegar a un acuerdo. Sin embargo, pocas veces se acude a un sistema de arbitraje independiente, hasta el punto de que el 80% de los litigios laborales que llegan a los tribunales se podrían haber resuelto antes si se hubiera apostado por la mediación.

La gran mayoría de solicitudes de intermediación laboral que se tramitan en España son individuales. Un trabajador puede solicitarla cuando considere vulnerados sus derechos, por ejemplo, ante un despido improcedente. Las fórmulas varían en función de las Comunidades Autónomas, pero en casi todas el servicio es gratuito. Sólo Catalunya se plantea ahora cobrar una tasa por este servicio.

Mediación, arbitraje y conciliación son competencia de las Comunidades Autónomas, así como la gran mayoría de cuestiones relacionadas con el empleo y la regulación laboral. A las leyes autonómicas se le sumó hace un año la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, presentada por el ministro Ruiz-Gallardón como “el camino futuro de la justicia” y entre alabanzas por favorecer la accesibilidad. El nuevo texto legal ha facilitado en parte la mediación, pero sin llegar a cifras relevantes. En un año han aumentado alrededor de un 10% los casos que han pedido arbitraje, sumando asuntos relacionados con el derecho laboral, el derecho mercantil, el consumo o con cuestiones relacionadas con el derecho familiar.

Los datos varían según la fuente. Y ese es otro de los grandes problemas, según varios expertos en derecho y mediación consultados: los distintos reglamentos autonómicos y la gran cantidad de organismos existentes impiden saber hasta qué punto están siendo efectivos estos métodos. Sin embargo, la mediación es la gran apuesta de la justicia, que ve en los sistemas extrajudiciales una fórmula para evitar procesos interminables. Colegios de abogados de toda España han apostado por ello, facilitando al ciudadano el acceso a una resolución rápida y satisfactoria, pero sobre todo especializando a sus miembros en nuevas salidas laborales.

Es el caso del Centro de Mediación del ICAV, uno de los primeros en funcionar en España y que ha conseguido una alta tasa de éxito, por ejemplo, en mediaciones relacionadas con préstamos hipotecarios. Susceptibles de mediación, tal y como resaltan desde el propio Colegio, queda cualquier asunto civil o mercantil que pueda ser tratado entre las dos partes exponiendo los hechos que se reclaman. Asuntos, que en lo civil están relacionados con comunidades de vecinos (temas que afectan a la convivencia, la desatención de los espacios comunes y privados, las molestias, las obras o la organización), la actividad económica (consumo, obras, licencias o molestias), educativos, familiares o con problemas con el alquiler o las deudas contraídas entre dos personas.

Los programas de mediación siguen el camino marcado por soluciones de carácter integrador, intentando salvar los intereses comunes de ambas partes

La complejidad llega cuando entran en juego conflictos entre empresas o entre empresas y trabajadores. En este último grupo queda mucho camino por recorrer, tal y como reconocen fuentes de la federación valenciana de Comisiones Obreras, para quienes la apuesta por los sistemas independientes de arbitraje y por la figura de la mediación es firme. No obstante, existe una mayor tasa de acuerdo cuando hay una situación de presión de una de las dos partes, sobre todo si los trabajadores recurren al derecho a huelgas o protestas. Así lo muestran los datos de 2013 de la Fundación SAMA, Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que hasta el pasado mes de junio ha intermediado en 66 conflictos en su zona de influencia.

La solicitud de mediación, en el caso de que el conflicto laboral sea colectivo, debe ser una petición aceptada por las dos partes implicadas. Empresa y trabajadores parten de una base común, de que se quiere llegar a un acuerdo para salvar la situación. De esta manera, se ponen en manos de un “profesional” para alcanzar un punto en común. Uno de los ejemplos más recordados fue el del ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y el papel que jugó como mediador en la resolución de la última gran huelga de pilotos de Iberia. Pimentel fue propuesto por el Ministerio de Trabajo y aceptado por la aerolínea y por el sindicato de pilotos SEPLA, logrando sentar las bases de una negociación que llegó a buen puerto en poco tiempo. Tan fructífera fue la experiencia para el abogado cordobés que hace unos meses fundó su propia firma de intermediación.

El arbitraje, según marcan las grandes líneas de los sistemas de mediación, pasa por soluciones de carácter integrador y no únicamente “por poner paz”, tal y como señalan fuentes sindicales. “Se intenta en todo momento que las decisiones respondan a un interés común por salvar la empresa, por ejemplo, o por cumplir la legalidad”, aclaran.

Que las opiniones sean vinculantes o que se tomen decisiones en favor de los trabajadores impiden en la gran mayoría de las ocasiones que los conflictos colectivos cuenten con un árbitro desde procesos iniciales. Son procesos como el Expediente de Regulación de Empleo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en el que el Comité de Empresa pidió en distintos momentos la intermediación. La petición fracasó incluso cuando se demandó ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL). El ERE estaba a punto de ser aplicado y la intención de pactar, tal y como denunciaron los trabajadores, era “nula”.

* José Miguel Reyes, desde nuestros amigos de nonada.es