El agujero negro de la TDT valenciana

Ocho años después de la concesión de licencias de TDT en la Comunitat Valenciana, el listado de canales es un páramo. El cierre de RTVV ha culminado un proceso de autodestrucción de un modelo que nació casi condenado.

30 de diciembre de 2005. Sólo un mes antes se había relanzado la TDT en España. 20 canales irrumpían en un panorama televisivo que vendía, como contraprestación al temido apagón analógico, un aumento de la cantidad y la calidad de la televisión. Se prometía información local, más pluralidad y contenidos temáticos para todos los públicos. En la Comunidad Valenciana ese día de diciembre, con "natividad y alevosía" como más tarde denunciaría la oposición, Esteban González Pons, a la sazón conseller de Relaciones Institucionales, anunciaba quién se había quedado con las licencias de TDT valencianas. El agujero negro empezaba a tragar materia desde ese mismo momento.

El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero había concedido en noviembre un nuevo canal en abierto al consorcio de productoras bautizado como GAMP (Grupo Audiovisual de Medios de Producción). Tras esas siglas se encontraban Mediapro, Globomedia o El Terrat, grupos cercanos al gobierno socialista y que dieron como resultado La Sexta. La cercanía de productoras y Gobierno fue aprovechada por los presidentes autonómicos del Partido Popular para no esconderse a la hora de favorecer a sus amigos.

La Generalitat abrió en verano de ese año el concurso público para conceder licencias para explotar dos televisiones privadas con cobertura autonómica, 18 televisiones públicas comarcales gestionadas por consorcios locales y 54 canales privados de ámbito comarcal. Todos ellos acompañarían a las dos señales de RTVV, televisión pública de cobertura autonómica que vería ahora potenciado su modelo y multiplicadas sus señales. Sobre el papel, González Pons presumía de "concurso limpio" y de "aumento real de la pluralidad informativa". "Aquí no se adjudica a dedo", llego a insinuar en referencia a La Sexta.

González Pons destacó aquel 30 de diciembre de 2005, tras la última reunión del Consell de aquel año, "la pluralidad" de las adjudicaciones, puesto que se había concedido licencias a una docena de grupos mediáticos de varias procedencias y tendencias. La realidad es que no consiguieron licencia televisiones históricas como TeleElx (la más veterana de la Comunitat, con más de 20 años a sus espaldas) y empresas como InfoTV (de tendencia nacionalista, que pidió una licencia autonómica y tres locales) o Localia (marca con la que el Grupo Prisa buscó su trozo del pastel). Localia se llevó una sola licencia en Ontinyent, que nunca llegó a explotar.

De aquel anuncio del que se cumplen hoy ocho años, quedaron fuera las demarcaciones de La Vall d'Uixó-Segorbe, Utiel-Requena, Gandia y Dénia. El Gobierno central todavía no había asignado el canal por el que debían emitir y se concedieron posteriormente. El resultado en el resto de las demarcaciones fue muy favorable a medios afines al PP nacional y al Gobierno de Camps. Empresarios como José Luis Ulibarri (13 licencias locales), hoy imputado en la trama Gürtel por fraude y pago de comisiones ilegales, Federico Jiménez Losantos (cinco licencias locales), Pedro J. Ramírez (Unidad Editorial, cinco licencias locales) o Julio Ariza (Grupo Intereconomía, tres licencias locales) se llevaron el pastel.

Una licencia incumplida y anulada

El resultado fue denunciado por la oposición pero la mayoría absoluta del PP en Les Corts frenó cualquier proceso en contra. Sólo el empecinamiento de TeleElx, que llevó el caso a la justicia, dio como resultado la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el concurso. El alto tribunal entendía que se incumplió "de forma flagrante" la objetividad a la hora de valorar la calidad de las ofertas y que se concedieron licencias a determinados empresarios, como Ulibarri, a sabiendas de que su oferta era peor que algunas de las que se quedaron fuera.

El panorama local es desolador: de las 56 licencias otorgadas, 27 no emiten ninguna señal

La sentencia del Supremo fue dictada en septiembre de 2012, sólo unos meses después de que se prorrogara por diez años más la licencia a todos los adjudicatarios. En marzo de 2013 se modificó el régimen legal del organismo autonómico que debería poner orden sobre este tablero, aunque el Consell no ha dado ni un paso adelante desde ese momento.

El mapa local de la TDT, con el trasfondo del limbo jurídico en el que se mueven todas las concesiones, no podría ser más desolador. De las 56 licencias otorgadas, 27 no emiten ninguna señal. Grupos como Unidad Editorial o Intereconomía nunca emitieron programación local y en valenciano (el concurso establecía un mínimo del 25% en todas las franjas horarias, salvo en las demarcaciones de Elda y Orihuela-Torrevieja, en las que no se preveía mínimo de emisión en valenciano), y repitieron la señal de canales de teletienda, cursos de idiomas o noticias económicas. El Consell nunca puso trabas a la comercialización de las licencias ni obligó a que se cumplieran sus términos. Tampoco puso freno a cadenas religiosas, musicales o que mezclan tarot y contenidos eróticos que emiten de forma ilegal.

La crisis publicitaria borró del mapa proyectos como la Tele 7 de Ulibarri, concebida como una unión de televisiones locales que nacía para hacer sombra a Canal 9 y que tuvo que cerrar al tiempo que explotaba la burbuja inmobiliaria y se sucedían los escándalos de su principal accionista. En la otra cara de la moneda sobreviven proyectos como el de Levante TV, con una amplia programación en valenciano y con contenidos propios, que dispone sólo de licencia para el área metropolitana de Valencia. Históricas como Ribera Televisió han sobrevivido también apostando por la información local, de proximidad y en valenciano, a pesar del descenso notable del mercado publicitario.

No hay dinero para lo público

En cada una de las demarcaciones, además de tres canales privados, se permitía la concesión de un canal público. Estaban pensados para que comarcas y uniones de municipios limítrofes crearan un consorcio que lo explotara y ofreciera cobertura informativa a plenos municipales, noticias locales, comercios de la zona o clubes deportivos. Sin embargo, pocos de ellos se pusieron en marcha y sólo sobrevive uno en Alicante.

Valencia fue de las primeras demarcaciones que se atrevió. Creó una empresa pública y lanzó la Televisión Municipal de Valencia (TMV) que asumió las instalaciones y el personal de uno de los canales locales afines al gobierno municipal de Rita Barberá pero que se quedó sin licencia. Sin embargo, no contrató el servicio directamente, sino que le adjudicó la explotación a una empresa del grupo de José Luis Ulibarri. La mala planificación y el inicio de la crisis hizo que la empresa comenzara un círculo de impagos y despidos que precipitaron su cierre en enero de 2012.

En el resto de mapa local público, pocos ayuntamientos se atrevieron. Lo complicado de las demarcaciones, que incluían más de un municipio de referencia, y la falta de presupuesto acabaron con el sueño de muchos. Consistorios como el Torrent renunciaron hace unos meses incluso a su parte de la empresa pública que debería explotar esa futura concesión por falta de interés.

No hay sitio para los canales autonómicos

El cierre de RTVV ha multiplicado esa sensación de vacío, ya que con el fin de las emisiones de NOU y NOU 24 se elimina el 75% de los canales autonómicos proyectados en 2005. En ese momento se le concedió un canal a la empresa editora del diario Las Provincias y otro a la Cadena Cope, a través de Popular TV. Hoy, rebautizada como Mediterráneo TV, esta cadena es la única que sobrevive, intentando recoger algunas de las migas dejadas RTVV en la maltrecha tarta televisiva valenciana.

Ya en 2006 se asignó un nuevo múltiplex autonómico con capacidad para emitir, al menos, cuatro emisiones de televisión más. El Consell lo había pedido para equiparar el mapa de TDT valenciano al catalán, que también contaba con dos múltiplex (aunque finalmente a Catalunya se le asignó un tercero). En el caso catalán, la idea era otorgar un canal completo al Grupo Godó (editor de La Vanguardia y ganador de la licencia pública para explotar la TDT privada en esa Comunidad) para que emitiera cuatro señales y otro (que finalmente fueron dos) para la emisión de los canales de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El Gobierno valenciano, mientras, jugó en esos meses con la posibilidad de otorgar dos nuevas licencias privadas e incluso con firmar un acuerdo de reciprocidad con la Generalitat catalana. Camps hizo amagos con permitir las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana, pero no formalizó ninguna de las opciones y el segundo múltiplex quedó infrautilizado, a la vez que las multas a Acció Cultural del País Valencià, encargada de la repetición de TV3, obligaron a que se cortara la señal de los repetidores. La primera gran pérdida de la TDT valenciana se materializaba en febrero de 2011.

Mediterráneo TV o locales como Levante TV son pocos ejemplos de apuesta real por la TDT en la Comunitat Valenciana

La licencia de Las Provincias fue mutando de nombre y contenido desde su origen en TeVa Televisión y los sucesivos LP Te Va, Las Provincias TV y La 10 Comunitat Valenciana. La apuesta por contenidos e informativos propios no fue suficiente y el intento de Vocento por crear con La 10 un canal nacional dieron al traste con el proyecto de autonómica valenciana. Cerró sus emisiones en febrero de 2013, cuando pasó a emitir la señal de teletienda de EHS TV y algunos programas informativos desde la propia redacción del diario valenciano.

El fracaso del modelo, concedido a empresas de dudosa responsabilidad periodística, no ha sido exclusivo de la Comunitat Valenciana. El CAC prevé que la mitad de las locales catalanas no llegarán al siguiente apagón previsto para 2015, cuando se repartirá de nuevo el ancho de banda entre la televisión y las redes 4G. Madrid también ha visto anuladas sus concesiones por el Supremo, Andalucía vio como algunas de las empresas concesionarias le devolvían las licencias y Asturias cuenta sólo con cuatro de los 21 canales