Soltar lastre no es volar más alto- las externalizaciones y privatizaciones-

Bajo el eufemismo de externalización se ha maquillado la privatización de la gestión de una larga lista de servicios públicos básicos. Residuos, atención al ciudadano, sanidad, agua, cobro de multas… Las administraciones se deshacen de peso, pero no siempre con buenos resultados.

.Montañas de basura se acumulan en las calles de Madrid merced a la huelga de los trabajadores de la contrata de basuras. Foto: Sergio Rozas.

La administración vive uno de sus peores momentos de liquidez y, mientras más bajo es el escalón administrativo, mayor el problema de financiación. La complicada situación repercute en los servicios que recaen en ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes de Comunidades Autónomas o ministerios. Sobre todo, teniendo en cuenta que el déficit conjunto de todas las administraciones públicas ascendía en el segundo trimestre de este año a 943.410 millones de euros, según datos del informe de Deuda Pública del Banco de España.

Bajo este panorama, pocos son los ayuntamientos que capean el temporal. Algunos fueron salvados ayer del abismo por el Ministerio de Hacienda, contándose ya 113 municipios intervenidos por el Estado y que dependen de planes especiales para poder pagar la luz que ilumina sus calles, el IRPF o los sueldos de los funcionarios locales. Estas “medidas excepcionales”, tal y como las bautiza el departamento comandado por Cristóbal Montoro, no vienen gratis y a partir de ahora este centenar de localidades tendrán que despedir personal, optimar gasto y, en la inmensa mayoría de los casos, subir impuestos.

En un titánico intento por sacar dinero de donde no lo hay, guarderías públicas, comedores sociales, gestión del agua, servicios de cobro de multas de tráfico, gestión de instalaciones deportivas o educativas, limpieza y centros sanitarios han sustituido empleados públicos por contratas y subcontratas, perdiéndose un número imposible de cuantificar de empleos por el camino y un enorme porcentaje de la calidad en el servicio. En la sanidad, donde la Comunitat Valenciana, fue pionera en la puesta en marcha de la gestión privada de los hospitales públicos, un estudio de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) realizado por facultativos eleva a 2.752 los “fallecimientos prematuros” achacables en alguna medida a la ineficacia sanitaria del modelo híbrido de gestión de la sanidad pública.

Bautizado como modelo Alzira al ser el Hospital de la Ribera (Alzira, Valencia) el primero en gestionarse de este modo, la gestión privada de los centros hospitalarios públicos no ha dejado de ser polémica desde el primer momento. Anunciado por el conseller de Sanidad de la época, José Joaquín Farnós, como un ahorro para los valencianos, el canon que ha tenido que pagar la Generalitat para financiar la zona de influencia en la que se integra ha sido criticado por sindicatos, partidos de la oposición y agentes sociales debido a su elevado coste. En su momento se llegó a denunciar el desvío intencionado de pacientes para que las cuentas de la empresa concesionaria quedaran mejor paradas.

Los conflictos laborales tampoco han sido pocos con este modelo. El Hospital de la Ribera acumula denuncias por despidos injustificados y por incumplimiento de un convenio colectivo que se vio obligado a seguir por mandato del Tribunal Superior de Justicia.

Pese a no ser más barato y no ofrecer una mejor gestión de los recursos, el modelo se exportó a otros centros de nueva creación como Torrevieja, Dénia, Manises o Elche, además de a la Comunidad de Madrid, donde se pretende privatizar todo el sistema bajo esta premisa. Un proyecto, el madrileño, que ha quedado en espera ante la anulación preventiva de un juez ante la denuncia de la llamada Marea Blanca en defensa de la sanidad pública madrileña. Entonces, ¿por qué privatizar un servicio que no funciona mejor y cuesta lo mismo o más dinero a las arcas públicas? Los profesionales, en muchos casos denuncian negocios y concesiones oscuras, como la del servicio de resonancias magnéticas y TAC de toda la sanidad valenciana a tres empresas (Eresa, Inscanner y Beanaca), calificada por la Sociedad Estatal de Radiología como un “pelotazo”. El coste de la adjudicación será de 497 millones de euros y se calcula que con la gestión pública se ahorraría hasta 16,7 millones al año.

Con el nuevo concurso que gestionará todas las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana se pagarán 16,7 millones más al año

A las resonancias magnéticas se le unen otros servicios ya externalizados como la gestión de redes, concurso que recayó sobre El Corte Inglés, o el mantenimiento de las instalaciones. El futuro parece ser la privatización, poco a poco, de grandes centros como el nuevo Hospital La Fe o el Hospital General de Valencia, cuyo proyecto de externalización de varios servicios fue anunciado en octubre de 2012 para luego paralizarse por falta de ofertas que cubriesen el 20% de reducción del coste que se planteaba.

La sensación de que la administración está siendo troceada de forma selectiva y minuciosa es cada vez mayor. Con grandes excepciones como las del Polideportivo de La Rambleta de Valencia, cuya concesionaria dejó el servicio por los impagos municipales y declaró el concurso de acreedores, las adjudicaciones suelen ser un gran negocio. De eso se encargan quienes preparan los concursos.

CACSA, la empresa pública que integra el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se prepara para la privatización de su explotación. En un primer momento, se planteó sacar a concurso la gestión de todos los edificios, excepto el Palau de les Artes. Sí se incluía l’Oceanogràfic, el único rentable y que ya está operado por una empresa privada, Parques Reunidos. Pese a ello, las ofertas no llegaron hasta que el paquete de externalización incluyó el mantenimiento del complejo. A la llamada sí acuden ahora la propia Parques Reunidos y Rainforest, empresa que gestiona Bioparc Valencia.

A nivel municipal, las concesiones y externalizaciones se repiten por toda la geografía valenciana sin dejar un solo rincón completamente público. El modelo ha calado hondo y pocos son los servicios de nueva creación que no cuentan con concesión desde el primer momento. Abundan los casos de éxito en entidades culturales, centros sociales y deportivos e incluso en educación infantil no obligatoria, donde la gestión privada ha traído consigo un plus de gestión y contención en el presupuesto. Sin embargo, los recortes han destapado muchas de las miserias de estos contratos.

La ciudad de Madrid es un ejemplo de cómo los contratos de concesión pueden acabar en un conflicto social y en la pérdida de servicios básicos por parte de los ciudadanos, que continúan pagando impuestos a una administración que no presta ese servicio directamente. Los próximos meses nos traerán privatizaciones tan dispares como la atención al cliente de la entidad que administra los dominios .es o la gestión de los espacios culturales públicos de la capital de España. En marcha ya hay otros modelos de “colaboración público-privada”, tal y como la definió el conseller de Presidencia de la Generalitat, José Císcar, al anunciar la ‘semi-privatización’ del Servicio Valenciano de Empleo (Servef). Todo ello, sin contar el embrollo de externalizaciones que planteaba la nueva RTVV y la privatización total que podría traer su cierre.

 * Autor José Miguel Reyes, desde nuestros amigos de Nonada.es

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