Profesionales Juristas - abogados, procuradores, etc- se concentran el 20 de novbre cotra las Tasas

Convocada por la Plaaforma Justicia para todos. Los Juristas denuncian que se ha perjudicado a ciudadanos,beneficiado a grandes empresas y a las administraciones. Los primeros por no poer acceder a la Justicia, los segundos por su capacidad económica no se han visto afectados y, las administraciones han dictado resoluciones injustas, conscientes de la dificultad para acudir a los Tribunales por parte de los ciudadanos/as, mientras las administraciones quedaban exentas de la Tasa.

Concentración diciembre 2012

Denuncian también que la recaudación de las Tasas, que se anunció sería para la Justicia Gratuita, ni siquiera ha sido presupuetada como ingreso este año a favor de la Justicia Gratuita y se desconoce cual es el uso que se le está dando.

Mientras en España se profundiza en la división entre ricos y probres como barrera para acceder a la Justicia, en Francia se han suprimido las Tasas, recientemente impuestas, reconociendo como negativa la experiencia que ha marginado a tantos ciudadanos/as


En Valencia será  a las 12 horas, en la Ciudad de la Justicia y en todas las Sedes Judiciales. Se cumple un año de la nefasta Ley de Tasas Judiciales. Un año después, los Juristas siguen contra las Tasas.

Convocados por la Plataforma  Justicia para todos, de la que forman parte todos los sectores judiciales, ha convocado para el 20 de noviembre, concentraciones en todas las sedes judiciales para manifestar el rechazo a la Ley 10/2012 que establece las tasas judiciales, justo cuando se cumple un año de su aprobación.

Según los convocantes:

 Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación.

La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia.
Jueces y Magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.

 No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.
Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos.
No se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
 El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.
Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.
 El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
 La contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la denegación del Estado de Derecho.
 Reiteramos la más que nunca mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.

El Gobierno debería escuchar la voz de todos los colectivos afectados, pues son los que mejor conocen las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores de justicia continuan unidos frente a las reformas y acciones del Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

El Gobierno debe atender lo que pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España sigue siendo diferente.

La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.