Transparencia opaca, con excepciones

'Transparencia' se ha sumado estos días a la lista de palabras más usadas, compitiendo con 'paro' y 'crisis'. Los políticos presumen de ella mientras la exigen al contrario, los expertos aconsejan sobre su necesidad y los ciudadanos la reclaman. Todo el mundo habla de transparencia, pero queda por resolver cuánto sabemos y cuánto podemos llegar a saber.

Transparencia: Cualidad de transparente. Claridad, falta de ambigüedad. Foto: Stockvault.

Transparencia: Cualidad de transparente. Claridad, falta de ambigüedad. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información. Esto quiere decir que no tenemos forma de saber cuántas operaciones de cadera se han realizado con éxito en nuestro hospital, los restaurantes de la ciudad a los que se le ha abierto un expediente sancionador o cuánto se ha ahorrado el ayuntamiento desde que apagó la mitad de las farolas. Ahora mismo no existe una ley que garantice nuestro derecho a obtener información de las instituciones públicas.
Esta deficiencia debería paliarla la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en debate en el Congreso. Pero expertos, organizaciones y ciudadanos la califican, de entrada, como "insuficiente".

¿Qué podemos saber? ¿Dónde está el límite?

La falta de transparencia parece inherente a nuestra cultura. "En España, los niveles de no transparencia, de no contestar, son altísimos. El 50% de las preguntas obtienen como resultado el silencio administrativo". Son datos que aporta Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info, una organización de derechos humanos que promueve el derecho de acceso a la información en Europa y en el mundo. Hoy en día llegar a obtener información de las instituciones públicas no es fácil. Muchas veces se desconoce el funcionamiento del sistema. Los trámites se hacen largos y complejos y eso desanima a muchos. "Solicitar información debe ser muy sencillo y ahora mismo es un reto. No sólo es difícil obtener una respuesta, además hay que hacer cábalas". Y de aprobarse la ley, parece que en un futuro no vayan a cambiar las cosas, "tal y como está planteada, hay que hacer una ecuación para llegar a entender a qué información podemos acceder".
La coalición Pro Acceso, integrada por más de 60 organizaciones, es diáfana expresándolo: "Todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible". De este modo, el secreto y la denegación deberían ser la excepción, solo justificable en casos relacionados con la seguridad nacional o la investigación y prevención de delitos. Sin embargo, en el texto actual quedan excluidos los partidos políticos, los sindicatos y la Casa del Rey.
Un asunto espinoso siempre es el relacionado con los salarios e ingresos de los cargos públicos. Ahora más que nunca se hace necesario. Pero ¿en qué momento rozamos los límites de la privacidad? Desde Access Info sostienen que publicar la declaración de bienes de políticos, altos cargos y funcionarios es una práctica común en muchos países a la hora de combatir la corrupción. Se trata de rendir cuentas, de saber con cuánto dinero entras y con cuánto sales. Anderica apunta que "es cierto que en el caso de la declaración de bienes se vulnera la privacidad de los diputados, senadores y altos cargos, pero ponderando el interés público de conocer esa información y el daño que se hace a estas personas, se considera que el interés público es mayor. Trabajar en una institución pública implica unos niveles de transparencia mayores que si se trabaja fuera. Tienen que asumir esa obligación".
¿Y realmente queremos saber? No son pocos los que justifican conductas irregulares por parte de la clase política con un "si todos lo hacen". En los últimos años están saliendo a la luz tantos casos, y tan pocos acaban rindiendo cuentas, que parte de la sociedad parece inmunizada e indiferente ante escándalos que en otras democracias resultarían inconcebibles. "Se dice que los ciudadanos no nos implicamos", puntualiza Anderica, "pero es que nunca nos dan la posibilidad de participar, ni de formar parte de la toma de decisiones. Así es normal que la gente no se implique. Como sabemos que no nos van a contestar, no preguntamos. Es cierto que hay desconocimiento, pero gran parte de la culpa la tienen los gobiernos que no hacen por llamar a la participación". Cabe señalar que el gobierno abrió al público la posibilidad de hacer aportaciones a la futura ley. En quince días recibió 3.669 correos electrónicos con posibles contribuciones.
Internet ha demostrado que el ciudadano quiere y necesita saber. Hace un año Access Info y la Fundación Civio, pusieron en marcha www.tuderechoasaber.com, un portal que facilita el trámite de realizar preguntas a cualquier institución pública. Sólo hay que plantear la duda, decidir a quién y ellos se encargan de enviarla y de avisarte cuando llega la respuesta. Si es que ésta llega, ya que el 54% de las preguntas formuladas a través de la web se han quedado sin respuesta. El 77%, si la cuestión se formuló a un ayuntamiento, administraciones donde impera el silencio administrativo.

La situación en la CV

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer puesto por la cola en el ranking de transparencia de las comunidades autónomas 2012 que publica Transparencia Internacional, aunque no llega a suspender. Obtuvo una puntuación de 63,8 sobre 100. Este índice valora aspectos como la relación con la sociedad o la transparencia en las contrataciones, en materia de urbanismo o económico-financiera.
La plataforma Govern Obert surgió en 2010 "como respuesta a la crisis económica e institucional que sufría la Comunitat". Frente a la "pésima gestión del dinero público", trabaja por instaurar un modelo de gobierno basado en la transparencia, la participación y la colaboración. Denuncian casos de opacidad y despilfarro y ofrecen su colaboración a ayuntamientos y partidos para ayudarles a ser más transparentes.
Su primera acción fue redactar un proyecto de Ley de Transparencia que presentaron a los partidos políticos antes de las elecciones. Miguel Sala, su coordinador, explica que el PP no accedió a reunirse con la plataforma; el PSPV-PSOE contemplaba una propuesta de gobierno abierto en su programa electoral; UPyD ya integraba una ley de transparencia en el suyo a nivel nacional; mientras, EUPV y Compromís asumieron la promesa de aplicar la ley de transparencia. "Precisamente estas dos formaciones", apunta Sala, "son las que más han avanzado en el trabajo a favor de la transparencia tras las elecciones. EUPV ha hecho públicas sus cuentas y lo que cada representate, diputado y concejal http://transparencia.eupv.org/; y Compromís, que  publica los salarios de sus diputados y algunos concejales, pero no las cuentas del partido, ha creado un portal www.volemsaber.com que permite a los ciudadanos formular preguntas a los diputados a través de su grupo parlamentario". Esto supone un avance con respecto a otros portales similares, puesto que la ley sí obliga a dar una respuesta a los grupos con representación en Les Corts.

Entre los diez ayuntamientos que mejor puntuación obtienen se hayan Gandia y Torrent, mientras que el de Valencia se muestra entre los más opacos.

En cuanto a los ayuntamientos, Miguel Sala confirma que ninguno se ha puesto en contacto con Govern Obert para mejorar su transparencia. "Cuando están en la oposición todos los partidos se muestran muy receptivos; cuando llegan al poder, la cosa cambia".
Transparencia Internacional también analiza los 110 ayuntamientos más importantes de España y cómo facilitan el acceso a la información en sus webs. Entre los diez que mejor puntuación obtienen se hayan Gandia y Torrent, mientras que el de Valencia se muestra entre los más opacos: nunca ha colaborado en la realización de esta evaluación. Benidorm también suspende, mientras que Elx y Castelló de la Plana obtienen un notable. Alicante se queda en el aprobado justo.
Del análisis de todos estos datos se desprende una conclusión bastante clara: la desigualdad entre municipios, entre comunidades y, por ende, entre ciudadanos. Sirva como ejemplo Navarra, que ya ha desarrollado su propia normativa y establece un período de 15 días para obtener una respuesta por parte de la administración, cuando para el resto será de un mes. "La ley falla de principio a fin", sentencia Victoria Anderica, "tiene que ser fuerte y obligar a las instituciones a cambiar. Hace falta un organismo independiente que vele por su cumplimiento y promoción. El proyecto de ley contempla la creación de una agencia, pero depende del Ministerio de Hacienda, con lo que es juez y parte a la hora de decidir sobre su aplicación".
Miguel Sala utiliza el símil de una comunidad de vecinos: "el administrador te lo cuenta todo, debemos saber lo que va bien y lo que va mal. No tenemos ley y ahora que la sacamos, nos quedamos a la cola de Europa. Es como si Alemania fuera por autovía y nosotros por un sendero".

	Transparencia en la red Sueldos públicos: ¿Cuánto y de qué manera cobran los políticos en España? Esta página puede servir de ayuda para intentar averiguarlo. ¿Dónde van mis impuestos?: Se trata de un proyecto de Fundación Civio, en colaboración con la Open Knowledge Foundation. Su sitio web permite visualizar los presupuestos desde 2008. Public Data: Es un sitio web desarrollado por Govern Obert, que permite comparar diferentes indicadores para establecer relación entre ellos y comprobar su evolución. Coalición Pro Acceso: En su web es posible acceder a todas las propuestas de mejora de la Ley de Transparencia que ha elaborado este colectivo. Tu derecho a saber: Esta plataforma está inspirada en la británica 'whatdotheyknow.com' y permite formular preguntas a cualquier institución pública. Portal de Transparencia Web de Esquerra Unida que muestra, pueblo a pueblo y persona a persona lo que cada cual recibe del presupuesto público. Volem Saber: Iniciativa de la Coalició Compromís que permite formular preguntas a los diputados de Les Corts Valencianes.