La actual crisis es real. Refleja el agotamiento de un sistema financiero y productivo, de un capitalismo cada vez más incapaz de garantizar condiciones de vida y de trabajo dignos para la mayoría de la población. Sin embargo, la crisis y el miedo a la depauperación también se han convertido en un recurso de los de arriba para facilitar su voluntad de eliminar o recortar derechos.
En España estamos viviendo un capítulo trascendental de esa ofensiva. Una declaración de guerra social.
En la primera mitad de 2012 la agresión se ha multiplicado: todos los derechos están en peligro.
- Los ataques contra la sanidad y la educación públicas son un estandarte de esta guerra contra la sociedad. Cuestionan todo el modelo de sanidad universal y de educación pública de calidad.
- La reforma laboral supone un intento desmedido de desregulación de las relaciones laborales en beneficio de los empresarios.
- Las nuevas reformas financieras determinan nuevas inyecciones de dinero público sin control y al servicio de intereses privados.
- La amnistía fiscal para los grandes defraudadores introduce una quiebra adicional en un sistema tributario cada vez menos justo y menos progresivo.
- Los ataques a los derechos de las mujeres, y en particular al derecho al aborto, están en la agenda de una derecha que odia la igualdad y la autonomía de las mujeres.
-El intento de volver hacía etapas anteriores a la incorporación al mundo legal de las parejas del mismo sexo, la presión sobre el Constitucional y la amenaza de legislar hacia atrás si el Constitucional legitima la actual ley.
- El cuestionamiento del modelo de televisión independiente ensayado en RTVE es una apuesta por la manipulación de la información desde el poder.
- La legislación contraria a los controles ecológicos es un retroceso histórico en los pasos hacia una mayor sostenibilidad.
- La amenaza de recentralización del Estado para aplicar más eficazmente los recortes antisociales abre el camino a nuevas tensiones territoriales.
La lista podría ser interminable. Personas dependientes y sus familias, personas en paro, pensionistas, empleados públicos…. Todas y todos estamos en la lista.
Esta guerra unilateral de las élites tiene por objeto establecer unas relaciones de dominio en las cuales la situación de subordinación acompañe al deterioro de las condiciones de vida. Ello se hace en contra del interés general, al servicio de los intereses de una minoría de la sociedad.
No hay legitimidad detrás de estas políticas. El PP no ha ganado las elecciones con ese programa. Utilizan el poder para imponer lo que no se atrevieron a plantear a la sociedad. Además, gobiernan abusando del decreto-ley, en un intento sistemático de limitar cualquier posibilidad de control de sus políticas extremistas.
La restricción de los derechos civiles también forma parte de la agenda del gobierno del PP. La pretensión de utilizar el Código Penal para criminalizar formas pacíficas de protesta social marca el camino hacia un creciente autoritarismo.
Están rompiendo las reglas. Y, al mismo tiempo, la crisis institucional del régimen se profundiza. Los partidos mayoritarios, la monarquía, el poder judicial y otras instituciones del Estado han perdido gran parte de su crédito social.
Nos han declarado una guerra social.
La sociedad tiene derecho a defenderse de esta agresión brutal, antisocial, antidemocrática. Apoyamos su derecho a hacerlo utilizando todos los medios pacíficos a su alcance. Frente a una minoría egoísta y necia, que se sirve de los resortes del Estado en defensa de sus intereses particulares, creemos en el derecho de las mayorías sociales a desobedecer, a plantar cara a estos feroces buitres del capitalismo en ruinas.
Muchos ciudadanos y ciudadanas de este país ya han demostrado su voluntad de luchar por los derechos y las libertades. Lo hicieron en la huelga general del 29 de marzo y en las inmensas manifestaciones de ese día. También el 1 de mayo. La fuerza de la resistencia social también se ha mostrado en la movilización de centenares de miles de personas en el aniversario del 15M, el 12 de mayo, en toda España. Y se manifiesta en cada lucha contra los desahucios, para defender la sanidad, la educación, los derechos de las y los inmigrantes, los derechos de las mujeres o las libertades civiles.
Es el momento de una gran alianza de la sociedad contra las élites, de una revolución democrática en defensa de los derechos de la mayoría de la sociedad. Como se ha dicho en las manifestaciones del 15M, es la hora de la lucha de los de abajo contra los de arriba.
En defensa propia. Pero también en nombre de otra organización de la sociedad.
* Opinión compartida Trasversales como editorial de Àgora CT
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