La moción fue presentada por Esquerra Unida y encontró el respaldo de todos los grupos del Consistorio, por lo que en el pleno votó por unanimidad (PSPV, Esquerra Unida y PP).
La PAH realiza un acto comarcal central de recogida de firmas en La Pobla el sábado 9 junio.
La PAH realiza un acto comarcal central de recogida de firmas en La Pobla el sábado 9 junio.
Foto origen Ayto Eliana- Salón Plenos
La moción que da apoyo a los grupos que recogen firmas por la Iniciativa Legislativa Popular se basa en la anormal legislación española que permite que un banco se adjudique la vivienda de la que tiene la hipoteca por el 60% de su tasación o valor, dejando el resto de la deuda pendiente de pago y por lo tanto perseguible durante prácticamente toda la vida del ciudadano/a.
Según consulta realizada por Crónica, los intereses llamados de demora, es decir que corren cuando se deja de pagar la cuota de la hipoteca suelen ser entre el 25 y el 29%, con lo que los bancos que dieron sus hipoteca por un valor de tasación determinado y se adjudican el inmueble por el 60% de tasación, incrementarán anualmente la deuda pendiente en un 30% de lo que reste por pagar.
Según consulta realizada por Crónica, los intereses llamados de demora, es decir que corren cuando se deja de pagar la cuota de la hipoteca suelen ser entre el 25 y el 29%, con lo que los bancos que dieron sus hipoteca por un valor de tasación determinado y se adjudican el inmueble por el 60% de tasación, incrementarán anualmente la deuda pendiente en un 30% de lo que reste por pagar.
La dación en pago persigue que cuando el banco se adjudique la vivienda por impago de la hipoteca, quede la deuda terminada y trata de evitar la grave situación actual que lleva a la ruina de por vida a los ciudadanos/as que sometidos a problemas de desempleo, o de enfermedad tienen que dejar de pagar la hipoteca. La dación en pago es una de los muchos frutos del movimiento 15M, organizado a través de la llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca - PAH- y está cuajando seriamente en todo el Estado. Las propuestas de "buenas prácticas" que los diferentes gobiernos han querido pactar con la banca, se han quedado simplemente en eso, sin efectividad real.
El texto aprobado dice en sus dos primeros puntos lo siguietne:
"Primero.- Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión parlamentaria de una reforma de la ley mediante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las entidades en defensa de los afectados por las hipotecas, con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Segundo.- Facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y entidades en el municipio."
Y se hacía la propuesta sobre la siguiente base argumental:
"Primero.- Dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión parlamentaria de una reforma de la ley mediante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las entidades en defensa de los afectados por las hipotecas, con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Segundo.- Facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y entidades en el municipio."
Y se hacía la propuesta sobre la siguiente base argumental:
"Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y el tercer trimestre del 2011 se han producido en España 151.369 procesos de desahucio como consecuencia de los más de 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados.
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudican las viviendas por el 60% del valor de tasaciones no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones otros países del nuestro cercando, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios muchas veces con información insuficiente y engañosa.
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho que recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de mandamiento constitucional, todas las consecuencias de las crisis recaen sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario.
Considerando que los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, dado que es a los servicios sociales de las administraciones locales donde se dirige mayoritariamente las personas y familias afectadas busca de ayuda"
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