En los últimos dos años, estamos viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra los derechos laborales y sociales desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. Sus consecuencias afectan a todos los países de la UE, con distinta intensidad, pero de forma dramática a los países del sur y el este de Europa que tienen serios problemas en sus finanzas públicas: disminución de salarios y pensiones, pérdida o erosión de los derechos laborales y sociales, debilitamiento (anulación en algunos casos) de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro serio de las prestaciones y servicios públicos sobre los que se basan los Estados de bienestar europeos."
De forma unitaria, también C
C.OO indica que este primero de mayo:"Este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en un momento de profundización de la crisis económica y tras el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas, que no han hecho más que aumentar el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
El modelo social europeo cada día más debilitado. Las mismas instituciones europeas, escudándose en "los mercados", están atacando los derechos laborales y sociales con recortes y reformas estructurales. El resultado: se extiende la crisis de las deudas soberanas y volvemos a la senda de la recesión económica.
El sindicalismo europeo tiene alternativas. Emitir eurobonos, reformar el BCE para darle las competencias de los demás bancos centrales, implantar un impuesto a las transacciones financieras, actuar contra el fraude, acabar con los paraísos fiscales, regular los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real, armonizar fiscalmente la UE, impulsar un plan de inversiones en redes de transporte y actividades de economía verde, reformar los Tratados para que el gobierno de la UE sea realmente democrático y respete los principios que han configurado su modelo social, prolongar el plazo para alcanzar los objetivos de déficit público.
En España, reformas injustas y políticas ineficaces. El desempleo es un problema social de primera magnitud, sobre todo el juvenil y el de larga duración. El Gobierno ha invalidado el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con el que se trataba de contribuir a la reactivación económica, a través de la contención de salarios, precios y beneficios y de la reinversión del excedente empresarial en la mejora de la competitividad.
Frente a ello, ha promovido una reforma laboral brutal que facilita el despido y desequilibra las relaciones laborales a favor de la empresa, y que le ha sido contestada con la huelga general del 29 de marzo. La dimensión de la movilización confirma que la ciudadanía reclama una rectificación. Sin embargo, el Gobierno parece no escuchar el malestar de esos millones de personas, ya que presenta unos Presupuestos Generales que demuestran que su prioridad no es el empleo, sino el recorte del déficit. Las propuestas sindicales. En lugar de amnistía fiscal, persecución del fraude y redistribución de la carga impositiva para que quienes tienen más recursos aporten más a la salida de la crisis. Frente al rescate del irresponsable sistema bancario, una reforma financiera que garantice la vuelta a la actividad de las empresas. Más que una devaluación de salarios y condiciones para ganar en competitividad, un cambio de modelo de crecimiento que impulse la investigación, la innovación y la formación. Contra los recortes en los servicios públicos esenciales, la defensa del estado de bienestar."
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