El último de Consejo de Ministros tenia planificado solucionar el pago a los proveedores de la Administración Local. La ley podrá ser utilizada por los necesitados Ayuntmaientos de Camp de Túria y facilitará el cobro a muchos de los grandes proveedores. Incluso es posible que sea una oportunidad para recuperar la normalidad en algunos servicios básicos muy deteriorados del municipio de San Antonio. Pero antes, los Ayuntamientos deberán sacar del cajón todos los papeles porque Rajoy no se fia de sus cuentas.
El mecanismo a utilizar será la posibilidad de "descuento" o "toma de razón" de las facturas en la banca. Algo que siempre se ha hecho, pero que el cierre de las lineas financieras había bloqueado por decisión unilateral de la banca. El método más concreto que prepara el gobierno será reabrir el viejo sistema con el aval del Estado para que la banca antes reticente, ahora apueste por el pago inmediato de aquellas deudas que las Administraciones Locales tengan con sus proveedores.
Sin embargo Rajoy antes de tomar esa decisión ha pensado que habría muchos Ayuntamientos con facturas escondidas y, que es mejor conocer el total de la suma que tendría que adelantarse por el Estado antes de tomar la decisión. Es decir, Rajoy piensa que los Ayuntamientos (en España desde las últimas elecciones, la mayoría son del PP), no son de fiar y esconden sus facturas en cajones que no contabilizan. Y es más, debe haber pensado que los interventores son ineficaces y no cumplen con su papel. Por eso, ha planteado que antes de abordar el aval con pago inmediato de todas esas deudas. El Estado debe conocer el monto total. El Consejo de Ministros ha dado a los Ayuntamientos hasta el 15 de marzo para sacar a la lúz todas las facturas pendientes.
Tal vez Rajoy se inspira en la mala costumbre de Rita Barberá, que desde que gobierna, ha acostumbrado a los ciudadanos de Valencia a leer periódicamente la misma noticia. "El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a la lúz xxxx millones de euros en facturas que se encontraban en los cajones del consistorio".
El Estado cuando avale a los Ayuntamientos y estos no paguen, tendrá que adelantar a los bancos las cantidades que éstos haya pagado a los proveeedores por deudas municipales. Sin embargo el cobro de lo que adelante lo tiene sencillo porque todos los años debe pagar a los Ayuntamientos una parte del IRPF fruto de nuestra declaración de la renta. Esas cantidades serán las que compensará con lo que haya adelantado, bien por medio de esa compensación directa total o por uno de los préstamos icos que se preparan como instrumentos para pagar a los proveedores.
El mecanismo a utilizar será la posibilidad de "descuento" o "toma de razón" de las facturas en la banca. Algo que siempre se ha hecho, pero que el cierre de las lineas financieras había bloqueado por decisión unilateral de la banca. El método más concreto que prepara el gobierno será reabrir el viejo sistema con el aval del Estado para que la banca antes reticente, ahora apueste por el pago inmediato de aquellas deudas que las Administraciones Locales tengan con sus proveedores.
Sin embargo Rajoy antes de tomar esa decisión ha pensado que habría muchos Ayuntamientos con facturas escondidas y, que es mejor conocer el total de la suma que tendría que adelantarse por el Estado antes de tomar la decisión. Es decir, Rajoy piensa que los Ayuntamientos (en España desde las últimas elecciones, la mayoría son del PP), no son de fiar y esconden sus facturas en cajones que no contabilizan. Y es más, debe haber pensado que los interventores son ineficaces y no cumplen con su papel. Por eso, ha planteado que antes de abordar el aval con pago inmediato de todas esas deudas. El Estado debe conocer el monto total. El Consejo de Ministros ha dado a los Ayuntamientos hasta el 15 de marzo para sacar a la lúz todas las facturas pendientes.Tal vez Rajoy se inspira en la mala costumbre de Rita Barberá, que desde que gobierna, ha acostumbrado a los ciudadanos de Valencia a leer periódicamente la misma noticia. "El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a la lúz xxxx millones de euros en facturas que se encontraban en los cajones del consistorio".
El Estado cuando avale a los Ayuntamientos y estos no paguen, tendrá que adelantar a los bancos las cantidades que éstos haya pagado a los proveeedores por deudas municipales. Sin embargo el cobro de lo que adelante lo tiene sencillo porque todos los años debe pagar a los Ayuntamientos una parte del IRPF fruto de nuestra declaración de la renta. Esas cantidades serán las que compensará con lo que haya adelantado, bien por medio de esa compensación directa total o por uno de los préstamos icos que se preparan como instrumentos para pagar a los proveedores.
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